Son organizaciones  particulares que tienen una estructura, entrenamiento, subcultura y función de un ejército, pero no forma parte de manera formal de las fuerzas militares del Estado. Estos sirven para los intereses del Estado, o grupos de poder en él enquistados, y generalmente están fuera de la ley.

En estas organizaciones es permitido el exceso de violencia que sería inadmisible en las fuerzas del Estado. Es más la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las "desapariciones" y las detenciones arbitrarias se han generalizado y con frecuencia sus autores actúan con impunidad. No se tienen en cuenta los mecanismos jurídicos previstos para proteger a las víctimas y no es infrecuente que los abogados de oficio no asistan a los interrogatorios o no actúen cuando aquéllos a quienes deben defender son torturados o maltratados. A los indígenas que no hablan español se les niega con frecuencia el derecho legal a ser asistidos por un intérprete. Los jueces se abstienen sistemáticamente de investigar las acusaciones de violaciones de derechos humanos y en casos de tortura suelen aceptar confesiones presuntamente extraídas bajo coacción.